La Corte Suprema permite a Trump deportar a inmigrantes detenidos en Djibouti a Sudán del SurEricks Webs DesignEricks Webs Design

La Corte Suprema dictaminó este jueves que la administración Trump puede deportar a Sudán del Sur a un grupo de inmigrantes que ha estado detenido durante semanas en una base militar en Djibouti.

La orden no firmada del máximo tribunal se emitió días después de que la mayoría de los jueces permitiera a la administración deportar a ciertos inmigrantes a países distintos de su lugar de origen con poco aviso. Sin embargo, esa decisión del 23 de junio generó una disputa legal sobre el grupo específico de migrantes retenidos en Djibouti.

Un tribunal inferior había suspendido nuevamente su expulsión, lo que llevó a la administración de Trump a acudir a la Corte Suprema. La decisión de este jueves favoreció al Gobierno, pese a la disidencia de dos juezas liberales, y permitió a las autoridades deportar a los inmigrantes en cuestión a Sudán del Sur.

La Corte Suprema señaló que su decisión anterior aplicaba las acciones del tribunal inferior “en su totalidad”.

Un juez federal en Massachusetts había dictaminado que la decisión de la Corte Suprema del mes pasado no se aplicaba a ocho inmigrantes detenidos en Djibouti porque su proceso judicial estaba respaldado por un fallo separado que la administración nunca apeló.

Los inmigrantes, entre ellos algunos de Cuba, Vietnam y Laos, estaban detenidos en un contenedor de carga Conex adaptado.

Fueron desviados a Djibouti en su camino hacia Sudán del Sur.

La orden del tribunal inferior sobre los inmigrantes en Djibouti “no puede ahora usarse para hacer cumplir una orden judicial que” la Corte Suprema posteriormente suspendió, dijo la mayoría este jueves. “Tal remedio serviría para ‘coaccionar’ al Gobierno a ‘cumplir’ y sería inaplicable dado que hemos suspendido la orden judicial subyacente”, escribió la corte.

La jueza Elena Kagan, integrante del ala liberal de la corte, apoyó la decisión. Escribió una breve opinión concurrente señalando que no estuvo de acuerdo con la decisión original de la Corte Suprema de permitir las deportaciones a terceros países.

“Pero la mayoría de esta corte lo vio de otra manera, y no veo cómo un tribunal de distrito puede obligar a cumplir una orden que esta corte ha suspendido”, escribió.

La decisión generó una fuerte disidencia de las otras dos juezas liberales de la corte, Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson.

“Lo que el Gobierno quiere hacer, concretamente, es enviar a los ocho no ciudadanos que retiró ilegalmente de Estados Unidos desde Djibouti a Sudán del Sur, donde serán entregados a las autoridades locales sin considerar la probabilidad de que enfrenten tortura o muerte”, escribió Sotomayor.

“La orden de hoy solo aclara una cosa”, añadió. “Otros litigantes deben seguir las reglas, pero el Gobierno tiene a la Corte Suprema en marcación rápida”.

La decisión del mes pasado fue una victoria importante para el Gobierno, que intenta deportar inmigrantes rápidamente. Un gran obstáculo para administraciones anteriores ha sido lidiar con países que se niegan a recibir de vuelta a sus propios ciudadanos que han llegado a EE.UU.

Grupos humanitarios describen la situación en Sudán del Sur como crítica. La Organización de las Naciones Unidas advirtió recientemente sobre la inseguridad alimentaria en el país, que también enfrenta inestabilidad política y violencia creciente. No obstante, la administración de Trump busca acelerar las deportaciones enviando inmigrantes a países distintos de su lugar de origen si su país no los acepta.

Las llamadas deportaciones a terceros países han chocado con la Convención contra la Tortura, ratificada por el Senado en 1994, que generalmente prohíbe la deportación o extradición a países donde exista la posibilidad de que el inmigrante sea torturado. La ley es ambigua sobre cómo debe la administración tomar esa determinación y qué derechos de proceso le corresponden al inmigrante.

La administración de Trump ha dicho que, en los casos en que recibe “garantías” de un gobierno extranjero de que el inmigrante no será torturado, los funcionarios no tienen que notificar, por ejemplo, a un ciudadano cubano de que será deportado a Sudán del Sur. En los casos en que no se han recibido esas garantías, la política del Departamento de Seguridad Nacional exige notificar al inmigrante para que pueda presentar una solicitud de temor a la tortura.

En una orden no firmada el 23 de junio, con la disidencia del ala liberal, la Corte Suprema permitió que el Gobierno continúe con esa política por ahora, mientras sigue el litigio de fondo.

Sotomayor, la jueza liberal de mayor rango, criticó duramente el manejo de los inmigrantes por parte de la administración de Trump en una disidencia contundente y acusó a la corte de “recompensar la ilegalidad” al ponerse del lado de Trump.

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