La ley utilizada para expulsar a los nazis podría usarse para despojar de la ciudadanía a muchos más estadounidensesEricks Webs DesignEricks Webs Design

Durante décadas, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha utilizado una herramienta para descubrir a exnazis que mintieron para convertirse en ciudadanos estadounidenses: una ley que permitía al departamento desnaturalizar o despojar de la ciudadanía a criminales que falsificaban sus antecedentes u ocultaban su pasado ilícito.

Ese poder, bajo la nueva administración Trump, puede estar ampliándose.

Según un memorando emitido por el Departamento de Justicia el mes pasado, los abogados deberían orientar su trabajo de desnaturalización a un grupo mucho más amplio de individuos: cualquiera que pueda “representar un peligro potencial para la seguridad nacional”.

La directiva parece impulsar un programa de desnaturalización más amplio, acorde con las políticas migratorias de línea dura de la administración Trump. Estas podrían dejar a algunos de los millones de ciudadanos estadounidenses naturalizados en riesgo de perder su estatus migratorio y ser deportados.

Las personas que han cometido delitos violentos, son miembros o asociados de pandillas y cárteles de drogas o han cometido fraude también deben tener prioridad, señala el memorando, emitido por el jefe de la División Civil del Departamento de Justicia.

Pero para muchos funcionarios y expertos, la verdadera preocupación, dicen, es que está diseñada para infundir miedo en los corazones de los inmigrantes legales en todo el país, particularmente entre aquellos que están en desacuerdo con el propio Trump.

“La politización de los derechos de ciudadanía es algo que realmente me preocupa; creo que es totalmente incompatible con nuestro sistema democrático”, dijo a CNN Cassandra Burke Robertson, profesora de Derecho en la Universidad Case Western Reserve.

El estatuto en cuestión es parte de una ley de la era McCarthy establecida inicialmente para erradicar a los comunistas durante el pánico rojo.

Pero su uso más común a lo largo de los años ha sido contra criminales de guerra.

En 1979, el Departamento de Justicia estableció una unidad que utilizó el estatuto para deportar a cientos de personas que ayudaron a los nazis. Eli Rosenbaum, quien la dirigió durante años, ayudó al departamento a despojar de la ciudadanía o deportar a 100 personas, y se ganó la reputación de ser el cazador de nazis más prolífico del Departamento de Justicia.

Rosenbaum regresó brevemente en 2022 para liderar un esfuerzo para identificar y procesar a cualquiera que haya cometido crímenes de guerra en Ucrania.

Pero el departamento ha ampliado esos esfuerzos más allá de los nazis varias veces, incluida una iniciativa de la era Obama llamada Operación Janus dirigida a aquellos que robaban identidades para obtener la ciudadanía.

En 2020, Trump intentó ampliar los esfuerzos de desnaturalización creando una oficina dedicada en el Departamento de Justicia, pero la administración Biden la disolvió silenciosamente al año siguiente.

Un exfuncionario del Departamento de Justicia calificó la oficina como una “oportunidad de marca”, señalando que no era particularmente efectiva y no encajaba con las prioridades del sucesor de Trump.

Desde que regresó a la Casa Blanca, Trump ha trabajado para rediseñar la forma en que el gobierno federal impone la inmigración en el país, presionando a agencias como el FBI y los alguaciles estadounidenses para que se unan a los esfuerzos de deportación y apuntando a las visas de estudiantes extranjeros para personas en el extranjero que esperan asistir a una universidad privada en los estados.

En lugar de restablecer la oficina independiente de su primera administración, ahora se le dice a toda la División Civil que priorice la desnaturalización “en todos los casos permitidos por la ley”, según el memorando, que también sugiere que las oficinas de los fiscales de Estados Unidos en todo el país deberían marcar los casos en los que puedan iniciar procedimientos de desnaturalización.

Trump presentó 102 solicitudes de desnaturalización durante su primer mandato, en comparación con las 24 que se presentaron durante el mandato de Biden, según informó el miércoles el portavoz del Departamento de Justicia, Chad Gilmartin, en redes sociales. Hasta el momento, el segundo mandato de Trump ha presentado cinco solicitudes en sus primeros cinco meses.

El Departamento de Justicia le dijo a CNN en un comunicado: “Los procedimientos de desnaturalización solo se llevarán a cabo según lo permita la ley y estén respaldados por evidencia contra personas que obtuvieron ilegalmente o tergiversaron hechos en el proceso de naturalización”.

Pero funcionarios actuales y anteriores del Departamento de Justicia que hablaron con CNN dijeron que más allá de instruir a los abogados para que presenten tantos casos de desnaturalización como sea posible, el memorando es tan amplio que podría permitir al Departamento de Justicia invocar reclamos vagos o sin fundamento para expulsar a personas del país.

Robertson, de Case Western, advirtió que el memorando podría dar lugar a que la administración Trump busque retroactivamente errores en el proceso de naturalización de oponentes políticos percibidos, como activistas estudiantiles.

Irina Manta, profesora de Derecho en la Universidad de Hofstra, dijo que la medida de la administración podría tener un “efecto paralizador” sobre la libertad de expresión, tanto política como de otro tipo.

“Regularmente observo el miedo de primera mano”, dijo.

Trump ha coqueteado públicamente con la idea de deportar a los ciudadanos estadounidenses que no quiere en el país.

Aunque la gravedad de estas declaraciones no está muy clara, ha pedido de todo, desde deportar a “malas personas… muchas de ellas [que] nacieron en nuestro país” hasta decir que su administración debería “echar un vistazo” a la posibilidad de destituir a Elon Musk después de que su antiguo aliado criticara el proyecto de ley de gastos del presidente.

Al menos un aliado ha tomado una medida más formal.

La semana pasada, Andy Ogles, un congresista republicano, pidió a la secretaria de Justicia, Pam Bondi, que investigara si el candidato a la alcaldía de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, quien nació en Uganda y se naturalizó en 2018, debería ser sujeto a un proceso de desnaturalización porque “glorifica públicamente” a personas vinculadas a Hamas en una canción de rap.

Bondi no ha respondido públicamente a la carta.

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