Noticias El Centro – Mexicali, B.C. – El Tribunal de Disciplina del Poder Judicial de Baja California mantiene abiertas investigaciones contra 13 funcionarios, entre ellos diez jueces, por su presunta participación en irregularidades relacionadas con el denominado cártel inmobiliario.
La magistrada presidenta del tribunal, Guadalupe Ricardo Rodríguez, informó que también están bajo investigación un actuario y dos secretarios, quienes presuntamente podrían estar vinculados con procedimientos irregulares en materia inmobiliaria.
Hasta el momento, las indagatorias se concentran en funcionarios que laboran en Tijuana y San Quintín, aunque las autoridades no descartan ampliar el alcance de las investigaciones.
Según la magistrada, dos de los procedimientos fueron iniciados de oficio, mientras que otros seis surgieron a partir de denuncias presentadas por ciudadanos.
Entre los principales elementos que se revisan se encuentran casos en los que resoluciones judiciales fueron emitidas en periodos considerablemente cortos. De acuerdo con la funcionaria, mientras este tipo de procedimientos normalmente puede tardar alrededor de un año, algunos habrían sido resueltos en apenas unos meses.
Las denuncias también señalan posibles omisiones en la revisión de documentos, incumplimiento de etapas procesales y decisiones que presuntamente no habrían seguido los requisitos establecidos por la ley.
Por ahora, no se han ordenado suspensiones contra los funcionarios investigados. Sin embargo, se han implementado medidas preventivas, como retirarles determinados expedientes para evitar posibles actuaciones irregulares.
La magistrada estimó que las investigaciones podrían concluir en aproximadamente nueve meses.
Este caso está relacionado con denuncias de ciudadanos que aseguran haber perdido sus propiedades mediante presuntas operaciones fraudulentas, en las que algunos inmuebles habrían sido vendidos nuevamente, generando disputas entre supuestos propietarios.
Las autoridades continúan trabajando para determinar si existió una red de corrupción y establecer las posibles responsabilidades de los funcionarios involucrados.
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