Demandan al Gobierno de Trump por los arrestos de ICE en tribunales de inmigraciónEricks Webs DesignEricks Webs Design

Grupos de derechos civiles demandaron a la administración de Trump el miércoles en un intento por detener la política gubernamental de permitir que los agentes de ICE arresten a inmigrantes indocumentados que se presentan a audiencias de inmigración en los tribunales.

La demanda colectiva, presentada en un tribunal federal en Washington en nombre de una docena de inmigrantes y varios grupos de derechos civiles, abre un nuevo frente en una extensa iniciativa legal de los defensores para detener las recientes y controvertidas medidas de la administración destinadas a aumentar las deportaciones en Estados Unidos.

Hasta hace poco, el Departamento de Seguridad Nacional operaba bajo directrices que limitaban la aplicación de las leyes de inmigración en los tribunales. Después de que el Gobierno de Trump derogara dichas directrices poco después de comenzar el segundo mandato presidencial, agentes del orden enmascarados comenzaron a presentarse en los tribunales de todo el país para arrestar a migrantes.

La demanda detalla la nueva estrategia de la administración: los abogados del gobierno solicitan a un juez de inmigración que desestime el proceso civil contra un inmigrante “con base en un cambio de circunstancias” y, tras la desestimación, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que a veces ya están presentes en la sala del tribunal o cerca de ella, arrestan al individuo.

La persona es entonces transferida a un proceso de deportación acelerada, lo que le ofrece pocos recursos legales y generalmente requiere su detención. En algunos casos, los inmigrantes son detenidos inmediatamente después de la audiencia o al salir del tribunal. Y en muchos casos, los abogados afirman que los inmigrantes son detenidos en instalaciones alejadas de la ciudad donde se llevó a cabo su audiencia judicial.

“Las consecuencias de las acciones (del Gobierno) son graves. Los no ciudadanos, incluyendo a la mayoría de los demandantes individuales aquí, han sido arrancados abruptamente de sus familias, vidas, hogares y trabajos por comparecer ante el tribunal de inmigración, un paso necesario para que puedan proceder con sus solicitudes de permiso para permanecer en este país”, escribieron los abogados de los grupos de derechos civiles y de los inmigrantes en documentos judiciales.

Los abogados solicitan a un juez federal que bloquee la serie de cambios de política que han permitido al gobierno llevar a cabo esta iniciativa, alegando que violan la Constitución de Estados Unidos y la ley federal.

Entre los demandantes individuales se encuentran personas que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos en los últimos años y fueron arrestadas en los tribunales tras la desestimación de sus casos, incluyendo varias que tenían solicitudes de asilo pendientes.

Uno de ellos, un cubano identificado en los documentos judiciales como P.D., compareció a una audiencia sobre su solicitud de asilo a finales de mayo.

“En esa audiencia, el DHS solicitó oralmente la desestimación de su caso sin previo aviso” y “sin articular ningún cambio en las circunstancias”, según la demanda.
“El abogado de P.D. argumentó que su caso no debía ser desestimado, pero el juez accedió a la moción del gobierno. Tan pronto como P.D. salió de la sala, fue arrestado y puesto bajo custodia”.

Grupos de derechos de los inmigrantes afirman que los arrestos en los tribunales reflejan una tendencia creciente: la aplicación de la ley ya no se limita a los cruces fronterizos o a las oficinas de los empleadores, sino que se extiende a lugares que antes se consideraban fuera de los límites.

La rescisión de la política del DHS se produjo mientras el ICE se enfrentaba a una creciente presión desde dentro de la administración de Trump para aumentar las cifras de detenciones y deportaciones de la agencia. Stephen Miller, artífice de la política migratoria del Gobierno de Trump, dijo a los funcionarios de ICE en mayo que necesitaban un promedio de 3.000 arrestos diarios, una cifra que, en gran medida, ha sido difícil de alcanzar.

La iniciativa para implementar operativos de control migratorio en los juzgados sorprendió a abogados, defensores legales y activistas de derechos civiles, quienes afirmaron que los operativos se dirigían a inmigrantes que simplemente cumplían con los procedimientos legales y les preocupaba que el temor a los arrestos en los juzgados pudiera llevarlos a la clandestinidad.

“La administración de Trump-Vance está utilizando los tribunales de inmigración como arma al amenazar a quienes cumplen la ley y se presentan a sus audiencias según lo ordenado por el tribunal. Este plan ilegal inhibirá la participación en el proceso legal y viola los principios fundamentales del debido proceso y la equidad que sustentan nuestro sistema legal”, afirmó Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward, organización que contribuyó a la presentación de la nueva demanda.

El enfoque del Gobierno ha provocado, en ocasiones, incidentes de gran repercusión mediática. Tal fue el caso en abril, cuando una jueza estatal de Wisconsin presuntamente ayudó a una inmigrante indocumentada que comparecía ante ella por un asunto penal a evadir el arresto de agentes federales.

Se presentaron cargos federales contra la jurista Hannah Dugan, jueza de circuito del condado de Milwaukee, en un caso que, según muchos expertos legales, puso de relieve el intento del gobierno de ejercer presión sobre los tribunales de todo el país mientras impulsa controvertidas políticas migratorias. Dugan se declaró inocente.

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