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El fiscal general de Washington demanda al Gobierno de Trump por la toma de control policial en la ciudad

El fiscal general de la ciudad de Washington, Brian Schwalb, presentó una demanda el viernes contra el Gobierno de Trump por sus medidas para tomar el control del Departamento de Policía de Washington D. C. (MPD, por sus siglas en inglés) y nombrar a un comisionado de emergencia, la última señal de resistencia de los funcionarios del distrito contra la intervención federal.

“Al declarar una intervención hostil del MPD, la Administración está abusando de su autoridad limitada y temporal bajo la Ley de Autonomía, infringiendo el derecho del Distrito a la autogestión y poniendo en riesgo la seguridad de los residentes y visitantes de DC”, declaró Schwalb. “Las acciones ilegales de la Administración son una afrenta a la dignidad y la autonomía de los 700.000 estadounidenses que consideran a DC su hogar. Esta es la amenaza más grave a la autonomía que el Distrito ha enfrentado jamás, y estamos luchando para detenerla”.

Esto ocurre después de que la secretaria de Justicia Pam Bondi ordenara en la noche del jueves a la alcaldesa de la ciudad de Washington y al Departamento de Policía aceptar a Terry Cole, jefe de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en Inglés), como “comisionado de policía de emergencia” del distrito y darle control total del departamento durante la intervención federal, lo que rápidamente provocó rechazos por parte de la alcaldesa y el secretario de Justicia del distrito, quienes sugirieron que no acatarían la orden.

La orden de Bondi formalizó el control del gobierno federal sobre la Policía de Washington y ordenó a la alcaldesa Muriel Bowser y al Departamento de Policía Metropolitana poner fin a las políticas de ciudad santuario de la capital.

En las primeras señales de resistencia significativa a la intervención de Trump en la Policía de la ciudad capital, Bowser rechazó rápidamente la orden, escribiendo en redes sociales: “No existe ningún estatuto que transfiera la autoridad de personal del Distrito a un funcionario federal”.

“Seamos claros respecto a lo que exige la ley durante una emergencia declarada por el presidente: exige que la alcaldesa de Washington proporcione los servicios del Departamento de Policía Metropolitana para fines federales a solicitud del presidente”, dijo Bowser. “Hemos cumplido con la ley”.

Schwalb también revisó la orden de Bondi y la declaró ilegal, afirmando que determinó que la Ley de Autonomía Local no otorgaba al presidente Donald Trump la autoridad para destituir o reemplazar al jefe de policía, ni para alterar la cadena de mando del Departamento de Policía de Washington D. C. (MPD). En una carta dirigida a la jefa de policía de DC, Pamela Smith, Schwalb escribió: “En mi opinión, la orden de Bondi es ilegal y usted no está legalmente obligado a acatarla”.

Schwalb escribió en la carta que la ley “no autoriza al presidente, ni a su delegado, a destituir o reemplazar al jefe de policía; a alterar la cadena de mando dentro del MPD; a exigir servicios directamente de usted, del MPD, ni de nadie que no sea el alcalde; a rescindir o suspender órdenes o directivas del MPD; ni a establecer las prioridades generales de cumplimiento del MPD ni a determinar de otro modo cómo el Distrito ejerce la aplicación de la ley puramente local. Por lo tanto, la Orden de Bondi es ultra vires”.

Schwalb determinó que la Ley de Autonomía no otorgó al presidente Donald Trump la autoridad para destituir o reemplazar al jefe de Policía, ni para alterar la cadena de mando del MPD.

Además de ordenar que se revoque la directiva, Bondi instruyó a la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, que elimine dos políticas policiales adicionales destinadas a proteger a los indocumentados, incluida una que impide que el MPD arreste a un individuo únicamente por órdenes judiciales federales de inmigración.

Esto ocurre después de que el presidente Donald Trump declarara a principios de esta semana una emergencia criminal y federalizara la policía de Washington, nombrando a Cole, el jefe de la DEA, como comisionado federal interino del MPD.

CNN se ha comunicado con la MPD para solicitar comentarios.

La acción de Bondi deja en claro que la toma de control de la policía federal en Washington irá de la mano con los objetivos de aplicación de la línea dura de la inmigración de la administración Trump, utilizando el control sobre la aplicación de la ley en el distrito como una forma de poner fin a las leyes de la ciudad que protegen a los inmigrantes indocumentados.

La medida deja en claro que la toma de control de la policía federal en Washington irá de la mano con los objetivos de aplicación de la línea dura de la administración Trump en materia de inmigración, utilizando el dominio sobre la aplicación de la ley en el distrito como una forma de poner fin a las leyes de la ciudad que protegen a los inmigrantes indocumentados.

“Washington no seguirá siendo una ciudad santuario que proteja activamente a extranjeros delincuentes”, dijo Bondi en una entrevista con Fox News este jueves. “Eso no sucederá”.

Christina Henderson, miembro del Concejo Municipal de Washington, respondió a la orden en las redes sociales el jueves, escribiendo: “Respetuosamente, la secretaria de Justicia no tiene la autoridad para revocar leyes”.

Más temprano este jueves, Smith firmó una decreto que permite a los agentes de policía de Washington compartir información sobre personas que no están bajo su custodia con las agencias federales de control de inmigración, así como también permitir a la policía local ayudar con el transporte del personal de las agencias y los detenidos.

Sin embargo, la orden anterior —que cita la ley de Washington y el código de conducta policial— sigue prohibiendo a los agentes buscar en las bases de datos policiales únicamente el estatus migratorio de una persona, realizar averiguaciones sobre la condición migratoria de una persona “con el propósito de determinar si ha violado las leyes civiles de inmigración o con el propósito de hacer cumplir las leyes civiles de inmigración” y arrestar a cualquier persona basándose únicamente en órdenes federales de inmigración.

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