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Administración Trump amenaza con acciones legales a funcionarios electorales de California

octubre 14, 2026

Noticias San Diego – San Diego, CA – La administración del presidente Donald Trump amenazó con emprender acciones legales contra funcionarios electorales de California si no revisan, en un plazo de 48 horas, una lista federal de personas que presuntamente no son ciudadanas estadounidenses y que habrían recibido boletas electorales en el condado de Los Ángeles. <Cite refs={[“turn323612news13″,”turn323612search0”]}/>

¿Qué exige el Departamento de Justicia?

En una carta enviada a las autoridades electorales estatales y del condado de Los Ángeles, el Departamento de Justicia solicitó verificar la ciudadanía de las personas incluidas en la lista.

El fiscal general adjunto interino, R. Trent McCotter, pidió que las boletas de quienes no puedan confirmar su ciudadanía sean separadas temporalmente hasta determinar su elegibilidad. La carta advierte que el gobierno federal buscará medidas legales de emergencia si las autoridades no cumplen con el plazo establecido. <Cite refs={[“turn323612search2″,”turn323612search4”]}/>

La solicitud llega después de que las boletas por correo ya comenzaran a enviarse a los votantes. Por ahora, no se ha confirmado públicamente que todas las personas señaladas en la lista sean realmente no ciudadanas.

¿Qué se sabe sobre la legalidad de la medida?

La Constitución de Estados Unidos otorga a los estados un papel central en la administración de las elecciones, aunque el Congreso también puede establecer ciertas reglas federales.

Expertos legales han cuestionado la base jurídica de la exigencia y el breve plazo impuesto por el Departamento de Justicia, especialmente porque el proceso electoral ya está en marcha. No está claro qué medidas legales podría presentar el gobierno federal ni cómo responderían los tribunales. <Cite refs={[“turn323612search0″,”turn323612news13”]}/>

El Departamento de Justicia ya había enviado cartas similares a funcionarios electorales durante el verano, como parte de sus esfuerzos para identificar y retirar del registro a personas que considera que no cumplen los requisitos para votar.