Ante presiones de todos lados, ICE recibe una inyección de dinero para intensificar su labor de control migratorioEricks Webs DesignEricks Webs Design

El Gobierno de Trump se prepara para una histórica inyección de dinero destinada a impulsar la ambiciosa campaña de deportaciones masivas del presidente, una medida que se espera intensifique el control migratorio en todo el país y probablemente ejerza aún más presión sobre la agencia federal que está en el centro de todo.

Desde que recibió la orden de ejecutar deportaciones masivas tras la llegada de Donald Trump a la presidencia en enero, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha enfrentado críticas de todos los frentes: de personas dentro del propio Gobierno que consideran que no está haciendo lo suficiente, de legisladores y activistas que creen que está haciendo demasiado, y de un público indignado que, en algunos casos, ha tomado medidas drásticas para impedir su labor.

Trump y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, han elogiado repetidamente el trabajo de ICE y de los agentes que realizan arrestos de inmigración. “Estas son personas fuertes, duras, que aman a nuestro país”, dijo Trump el miércoles en la Casa Blanca. “Si no fueran duros, no sobrevivirían”.

Aunque el discurso público del presidente y de la cúpula del Departamento de Seguridad Nacional ha sido positivo, la realidad para los agentes es mucho más compleja, con llamadas tensas diarias con la Casa Blanca y jornadas de trabajo ininterrumpidas en medio del rechazo público.

“ICE no para de recibir golpes”, dijo a CNN un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional.

Ahora, ICE se prepara para recibir US$ 75.000 millones del paquete legislativo del presidente para expandir los centros de detención y reforzar las operaciones de control y deportación, incluida la contratación de nuevos agentes. Es una suma sin precedentes para una agencia que históricamente ha estado subfinanciada, y los funcionarios del Gobierno de Trump se preparan para aprovecharla al máximo.

“Vamos a actuar con más fuerza y rapidez, y vamos a capturar a estos criminales con aún más contundencia que nunca”, dijo este mes Kristi Noem al describir cómo la inyección de dinero reforzará el aparato de control migratorio de su agencia.

ICE tiene la responsabilidad de arrestar y detener a inmigrantes en Estados Unidos. Durante años, según funcionarios actuales y anteriores, la agencia ha enfrentado dificultades debido a recursos federales y personal limitados.

En varias reuniones interinstitucionales, altos funcionarios del Gobierno de Trump han estado elaborando planes para contratar a miles de agentes adicionales y ampliar drásticamente la detención de inmigrantes. El “zar de la frontera” de la Casa Blanca, Tom Homan, dijo a CNN que mantiene llamadas frecuentes con ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza para supervisar el avance de los contratos, aunque en gran medida se ha apartado del proceso por trabajos previos, y está en conversaciones sobre cómo incorporar a miles de agentes más y reforzar la academia donde reciben su formación.

Pero la prioridad principal es habilitar miles de camas adicionales para detención, con el fin de mantenerse al ritmo de los arrestos.

“Creo que llegaremos a las 100.000 camas para finales de año. Esa es la prioridad”, dijo Homan. ICE tenía anteriormente fondos para unas 41.000 camas. Homan señaló que algunas de las nuevas camas estarán en edificios permanentes y otras en estructuras temporales, como carpas.

El dinero llega en un momento clave para ICE, que ya había alcanzado su límite de capacidad y contaba con menos de 200 camas disponibles a diario, según Homan. Actualmente hay unas 57.000 personas bajo custodia de ICE, según datos federales obtenidos por CNN.

El aumento en la detención ha sido impulsado por un repunte en los arrestos. Sin embargo, las cifras aún no alcanzan el objetivo de 3.000 arrestos diarios fijado por Stephen Miller, el arquitecto de la política migratoria de Trump; en cambio, oscilan entre 1.000 y 2.000 arrestos al día, según muestran los datos. Las deportaciones también siguen rezagadas, sin superar todavía a las del Gobierno de Obama, que lograba expulsar rápidamente a quienes cruzaban recientemente la frontera.

La presión para redirigir el enfoque hacia la aplicación de leyes migratorias también ha alcanzado a otras dependencias del Departamento de Seguridad Nacional que tradicionalmente no se encargaban de arrestar inmigrantes dentro del país, como la división de Investigaciones de Seguridad Nacional, que se enfoca en una amplia gama de delitos, incluidos la trata de personas, el ciberdelito y otras amenazas a la seguridad nacional.

Homan reconoció la tensión entre las agencias federales por la prioridad dada al control migratorio, así como dentro del propio personal de ICE por las cuotas diarias de arrestos.

“Depende con quién hables. Las cuotas son muy alcanzables. Pero he escuchado que otras agencias quieren volver a su misión original cada vez que contratamos más personal de inmigración”, comentó. “A algunos les gustan las cuotas, a otros no, pero todos trabajamos dentro del marco que establece el Gobierno”.

Cuando Trump promulgó su paquete legislativo, dejó a ICE en camino de convertirse en la fuerza policial federal con mayor financiación durante los próximos cuatro años.

“Ahora tienen el cheque en blanco para hacer todas estas cosas”, dijo a CNN un exfuncionario del Departamento de Seguridad Nacional.

Solo ICE recibirá cerca de US$ 75.000 millones hasta 2029, incluidos unos US$ 45.000 millones destinados específicamente a ampliar la capacidad de los centros de detención migratoria. Los otros casi US$ 30.000 millones se destinarán a operaciones de control y deportación: una inyección de dinero que será dirigida directamente a las operaciones de primera línea de ICE, que implican arrestar inmigrantes y trasladarlos a centros de detención.

La agencia ha sido objeto de críticas desde hace tiempo por algunas de sus prácticas, pero estas se han intensificado este año junto con las nuevas cuotas de arrestos, lo que ha deteriorado el ambiente entre los agentes encargados de ejecutar la controvertida agenda migratoria del presidente.

“Todos los días tienen agentes en el terreno, sin importar si son días festivos o fines de semana. Se espera que haya gente todos los días”, dijo a CNN un exfuncionario del Departamento de Seguridad Nacional.

El Gobierno planea una gran ofensiva de reclutamiento, con el objetivo de reincorporar a personal jubilado, contratar agentes de otras fuerzas del orden e incrementar la capacidad de la academia para acelerar la formación. Ya se han enviado mensajes a exagentes de ICE pidiéndoles que regresen, con incentivos económicos como bonificaciones.

“Usted sirvió a Estados Unidos con distinción y honor”, dice un correo dirigido a exfuncionarios de ICE, firmado por la subdirectora Madison Sheahan y obtenido por CNN. “Ahora, su país le llama a servir una vez más”.

El Gobierno trata de determinar cuántos grupos de formación puede procesar en la academia de ICE en los Centros Federales de Capacitación para las Fuerzas del Orden en Georgia antes de que termine el año. Contratar y entrenar suele ser un proceso que toma varios meses.

“Mientras seguimos contratando, tendremos grupos listos para empezar. Tendremos personas listas para asistir a clases. Reclutar y contratar es la prioridad número uno, poner en marcha las academias lo más rápido posible y pasar a los nuevos agentes por la academia”, dijo Homan. “Es realmente importante que tengan una presencia más amplia”.

Decenas de miles de millones de dólares adicionales se destinarán a otros aspectos de la agenda migratoria de Trump. Más de US$ 46.000 millones se canalizarán a la construcción y el mantenimiento de barreras fronterizas, lo que ayudará a Trump a cumplir una promesa que hizo cuando lanzó su primera campaña presidencial hace una década.

“Tenemos todo tipo de planes cuando hay más dinero”, dijo el funcionario del Departamento de Seguridad Nacional. “Honestamente, es más personal sobre el terreno para hacer cumplir la ley. Y habrá más espacio para detención”.

A medida que aumentan las detenciones de ICE, el Gobierno de Trump ha implementado una serie de políticas que han reducido drásticamente las posibilidades de que los migrantes sean liberados y han allanado el camino para deportaciones rápidas a países que no son los suyos.

Aunque el Gobierno afirma que va tras “lo peor de lo peor”, los datos federales revelan que la mayoría de los inmigrantes detenidos no tienen condenas por delitos graves. La Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Nacional insisten en que los arrestados representan una amenaza para la seguridad pública y nacional.

Eso ha generado una creciente alarma entre abogados y defensores de los inmigrantes, especialmente tras la nueva directriz que en gran medida impedirá que quienes entren bajo custodia de ICE puedan ser liberados.

En un memorando reciente, el director interino de ICE indicó a los agentes que los inmigrantes que hayan llegado ilegalmente a EE.UU. desde hace décadas ya no podrán solicitar una audiencia de fianza mientras enfrentan su proceso de deportación en la corte de inmigración.

En otras palabras, aquellos que antes podían permanecer en libertad bajo fianza mientras avanzaba su caso —un proceso que puede tardar años— ahora podrían ser detenidos y pasar meses bajo custodia.

“El Gobierno de Trump está eludiendo completamente nuestro sistema judicial al permitir que el Departamento de Seguridad Nacional dicte a los jueces de inmigración qué facultades tienen y cuáles no —como se ve en el memorando del 8 de julio, que les quita el poder que han ejercido durante décadas para decidir si una persona debe ser detenida o no”, dijo Gregory Chen, director sénior de relaciones gubernamentales de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración.

Los programas de orientación legal en los centros de detención también han sido en gran parte desmantelados, después de que el Gobierno federal recortara los fondos para esas iniciativas, dejando a los inmigrantes detenidos con pocos o ningún recurso para navegar el arduo sistema migratorio antes de ser deportados.

“Ahora es una moneda al aire. Antes, si no tenías antecedentes penales, si tenías lazos y conexiones aquí, más a menudo que no te otorgaban fianza, y eso era porque no había espacio suficiente para mantener a la gente detenida”, dijo otro exfuncionario del Departamento de Seguridad Nacional a CNN.

Ahora que hay más camas disponibles, añadió el funcionario, “no hay razón para que ICE quiera dejar a la gente en libertad”.

ICE ha intensificado visiblemente el despliegue de agentes en todo el país y ha realizado redadas en lugares que antes eran considerados fuera de límites, como los tribunales.

La agencia también ha incrementado las redadas en granjas y en sitios donde se reúnen jornaleros, como los estacionamientos de Home Depot. Estas tácticas han generado tensiones entre algunos republicanos, que han expresado su preocupación por las acciones de control en sectores donde los inmigrantes siguen siendo una fuente vital de mano de obra.

“Nosotros no podemos ir y sacar a los agricultores y a toda su gente y mandarlos de vuelta porque quizás no tienen lo que se supone que deben tener… tal vez no”, dijo Trump durante una conferencia de prensa en junio, reconociendo la tensión.

Funcionarios demócratas electos también han criticado las tácticas de la agencia, calificándolas de excesivas y comparándolas con algunos de los momentos más oscuros de la historia reciente.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, describió a ICE bajo el mando de Trump como una “Gestapo moderna”. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, dijo que las redadas migratorias de la agencia en su ciudad el mes pasado —que desataron varios días de protestas— la dejaron “profundamente indignada”. El senador por California, Alex Padilla, afirmó que la presión del Gobierno para aumentar los arrestos y deportaciones está haciendo que la agencia y sus empleados sean “más agresivos, más crueles [y] más extremos”.

“Cualquier acto de violencia contra las fuerzas del orden es inaceptable”, dijo Padilla en CNN a comienzos de este mes. “¿Creo que la retórica incendiaria está contribuyendo a esta reacción? Tristemente, sí, y hemos visto cómo este Gobierno escala y escala y escala”.

El mes pasado, Padilla fue derribado y esposado brevemente luego de interrumpir a Noem durante una conferencia de prensa en medio de las tensiones en Los Ángeles por la ofensiva migratoria del Gobierno.

En Nueva Jersey, la representante demócrata LaMonica McIver fue acusada formalmente de agredir e impedir la labor de las fuerzas del orden, tras un enfrentamiento frente a un centro de detención en Newark que también llevó al arresto del alcalde de la ciudad, Ras Baraka. Los cargos contra Baraka fueron posteriormente retirados; McIver, quien se ha declarado inocente, tiene previsto ir a juicio en noviembre.

El tercer frente de presión proviene de ciudadanos que, en algunos casos, están adoptando posturas cada vez más radicales para oponerse a ICE y a las acciones del Gobierno.

En ciertos casos, ampliamente divulgados por la administración, personas han lanzado piedras, ladrillos y otros objetos contundentes contra agentes federales o sus vehículos.

En al menos tres incidentes, las autoridades migratorias federales fueron recibidas con disparos: el 4 de julio, un agente recibió un disparo durante un presunto ataque contra un centro de detención de ICE en Texas. Días después, un hombre armado fue abatido tras abrir fuego contra una instalación de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en Texas, hiriendo a un agente.

Y el 10 de julio, agentes federales que llevaban a cabo un operativo en una plantación de marihuana en California fueron recibidos con disparos, aunque no hubo heridos.

Estos incidentes han enfurecido a Trump. “Estoy dando Autorización Total para que ICE se proteja”, escribió en un posteo en redes sociales el 11 de julio, “tal como ellos protegen al Público”.

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