Por Karen Gutierrez, Univision
Topeka, Kansas — 24 de diciembre de 2025
Kansas vuelve a ser el epicentro del debate nacional sobre el derecho al voto. Un nuevo informe advierte que la experiencia del estado con leyes que exigen la prueba de ciudadanía para votar debería servir como una clara advertencia para el Congreso y para los estados que están considerando iniciativas similares.
El análisis, realizado por Dēmos, Campaign Legal Center y State Voices, examina datos de Kansas y Arizona y concluye que estas leyes son costosas, propensas a errores y terminan excluyendo a votantes elegibles, a pesar de que la ciudadanía ya es un requisito legal para votar en Estados Unidos.
Una política que ya fracasó en Kansas
Kansas implementó su ley de prueba de ciudadanía tras la aprobación del Kansas Secure and Fair Elections Act (SAFE Act) en 2011. Desde 2013, toda persona que se registraba para votar debía presentar documentación como un pasaporte o un certificado de nacimiento.
La medida estuvo en vigor durante poco más de tres años antes de ser bloqueada por un juez federal. En 2018, la ley fue declarada inconstitucional y en 2020 el Décimo Circuito de Apelaciones confirmó el fallo.
Durante ese tiempo, más de 30,000 kansanos vieron sus registros suspendidos o invalidados, según el informe.
Costos mucho mayores a lo prometido
Uno de los hallazgos centrales del reporte es el impacto financiero. Los legisladores estimaron inicialmente que la ley costaría apenas $12,500 en su primer año fiscal y $1,000 en el siguiente. Sin embargo, la realidad fue muy distinta.
En su primer año completo, la Oficina del Secretario de Estado gastó más de $192,000 para implementar la ley. El informe estima que el gasto total superó los $350,000 entre su aprobación y entrada en vigor, sin incluir los costos posteriores derivados de errores y litigios.
Además, el estado terminó pagando $1.9 millones en honorarios legales tras perder dos demandas relacionadas con la ley.
Errores administrativos y falta de coordinación
El reporte documenta una “ruptura prolongada” en la comunicación entre el Departamento de Vehículos Motorizados, la oficina del Secretario de Estado, las oficinas electorales de los condados y los propios votantes.
Los empleados del DMV no estaban autorizados a solicitar prueba de ciudadanía ni informar a las personas sobre el nuevo requisito, lo que generó confusión masiva. Kansas también carecía de sistemas tecnológicos capaces de verificar números de pasaporte o certificados de nacimiento.
“Cuando se vincula la verificación de ciudadanía a bases de datos que no fueron diseñadas para eso, surgen errores”, explicó Lata Nott, directora de política de derechos electorales del Campaign Legal Center. “Y esos errores no son menores: le quitan a la gente su derecho al voto”.
El fraude que nunca se probó
La ley fue promovida por el entonces secretario de Estado, Kris Kobach, bajo el argumento de combatir el fraude electoral. Sin embargo, nunca se demostró fraude en los tribunales.
Según la Corte de Apelaciones, solo 39 no ciudadanos se registraron para votar en Kansas entre 1999 y 2013, lo que representó apenas el 0.002% del padrón electoral.
“El problema no era el fraude, sino fallas administrativas”, concluyó el tribunal, señalando que la ley tuvo un impacto desproporcionado en los votantes.
Impacto en comunidades vulnerables
Los autores del informe advierten que las leyes de prueba de ciudadanía funcionan como una forma de supresión del voto, con efectos más severos en comunidades históricamente marginadas.
“Son barreras sociales que afectan especialmente a votantes de color, personas de bajos ingresos y comunidades excluidas”, señaló Neda Khoshkhoo, directora interina de democracia en Dēmos.
A medida que otros estados, como Indiana, New Hampshire, Ohio y Wyoming, aprobaron leyes similares en 2025, los expertos anticipan que el debate se intensificará en 2026.
Una advertencia para el futuro
Aunque una propuesta federal para exigir prueba de ciudadanía no ha avanzado, el informe sostiene que la experiencia de Kansas demuestra que estas políticas no solo fallan en su objetivo, sino que generan costos fiscales, caos administrativo y pérdida de confianza pública.
“Cuando se combinan los costos financieros con el daño real a los votantes, es necesario replantear seriamente el valor de estas políticas”, afirmó Marissa Liebling, de State Voices.
Fuente original: Noticias Kansas
Por Karen Gutierrez
26 Dec, 2025
