El hallazgo de cientos de cuerpos acumulados en un crematorio de Ciudad Juárez evidencia la “crisis forense” de MéxicoEricks Webs DesignEricks Webs Design

Dora Elena Delgado Barraza no sabe si las cenizas que recibió el año pasado son las de su esposo. José Luis González Quiñones murió el 30 de junio de 2024 a los 69 años. Fue velado en la funeraria Latinoamericana de Ciudad Juárez, Chihuahua, en el norte de México, que debía mandar a cremar el cuerpo y entregar los restos a la familia, dijo su viuda a CNN.

Hasta hace mes y medio, Delgado Barraza creía que había sido así, pero la noticia del hallazgo de cientos de cuerpos en el crematorio Plenitud de Ciudad Juárez, al que subcontrataban seis funerarias locales, sembró una incertidumbre que ni ella ni decenas de familias más han podido despejar hasta ahora.

“En este momento estoy en el limbo, en la duda”, dijo Delgado Barraza, haciendo eco de un sentimiento que a lo largo de las últimas semanas han expresado otros habitantes de esta localidad fronteriza con Estados Unidos.

Todo se descubrió el 26 de junio. De acuerdo con la Fiscalía de Chihuahua, ese día policías municipales recibieron un reporte sobre algunos cuerpos abandonados en una carroza fúnebre estacionada en el patio del crematorio Plenitud. Personal de la Fiscalía se trasladó entonces al lugar, donde encontró cientos de cuerpos acumulados desde 2020. En un principio, la Fiscalía informó que eran 383. Después actualizó la cifra a 386.

La Fiscalía abrió una investigación por estos hechos y hasta ahora ha detenido a dos personas: el dueño del crematorio y un ayudante, acusados de delitos contra la inhumación, la exhumación y el respeto a los cadáveres o restos humanos en perjuicio de la sociedad, cargos que ellos rechazaron en su primera audiencia.

Además, la Fiscalía investiga si hubo irregularidades por parte de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris), que otorgó los permisos de operación del crematorio. El organismo dijo a CNN que no hará comentarios porque hay indagatorias en marcha.

Pero lo ocurrido en el crematorio no solo ha tenido impacto en Ciudad Juárez, vecina de El Paso, Texas, y donde sucesos violentos como feminicidios, desapariciones y homicidios atribuidos a grupos criminales dejan huella al menos desde la década de los 90, dijeron los activistas en derechos humanos consultados por CNN.

Argumentan que el caso también recuerda que en México hay miles de cuerpos sin identificar en morgues o fosas comunes, un problema que el Gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) reconoció como una “crisis forense”, y que tiene su origen, consideran, tanto en los altos niveles de homicidios y desapariciones que persisten en el país como en la falta de capacidad de las instituciones para hacer cumplir la ley y realizar las identificaciones pendientes.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó recientemente que tan solo en 2024 se registraron 33.241 homicidios en el país, mientras que el número de personas desaparecidas desde 1960 —la mayoría de ellas desde 2005 hasta la fecha — supera las 132.000, según el registro oficial.

Grace Fernández, del colectivo Buscando Desaparecidos México, dijo que lo sucedido en el crematorio muestra las dificultades de las autoridades para hacer respetar la ley, pues, en este caso, no lograron supervisar a quien operaba el establecimiento para verificar que realizara sus servicios debidamente.

“Es un cúmulo de eventos desafortunados que muestran no solamente el colapso del sistema médico forense sino la corrupción y la falta de controles gubernamentales, porque así como lamentablemente engañaron a las familias de las personas fallecidas y no los cremaron, y sabrá Dios qué les hayan entregado, la pregunta es: ¿por qué no los cremaron?, ¿estaban ocupados los crematorios?, ¿haciendo qué?”, dijo.

El informe del relator especial de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, elaborado por Morris Tidball‑Binz en 2024, señala que los Gobiernos están obligados a garantizar el trato digno de las personas fallecidas, sin importar si el manejo de sus cuerpos recae en el sector público o en el privado. “La dignidad de la persona y el respeto debido a su cuerpo y a sus restos humanos no se extinguen con la muerte”, subraya.

Los cientos de cuerpos del crematorio Plenitud que permanecen sin identificar se suman a otros miles en los servicios médicos forenses y las fosas comunes del país.

El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), que agrupa a más de 70 colectivos de familiares de personas desaparecidas, elaboró un reporte en 2020 —con base en solicitudes de información a todas las fiscalías— que documentó que había 52.000 cuerpos sin identificar en instalaciones públicas. En 2021, el entonces subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, reconoció la cifra y la existencia de una “crisis forense” en todo el país.

La estadística no se ha vuelto a actualizar de forma oficial. En 2024, el medio Quinto Elemento Lab publicó una investigación en la que señaló que el número al cierre de 2023 había subido a más de 72.000, pero ni la Segob ni la Fiscalía General de la República (FGR), responsable del Banco Nacional de Datos Forenses creado en 2023, han dado su propio informe.

CNN contactó a ambas instituciones para pedir más información y está en espera de respuesta.

Entre las organizaciones civiles de derechos humanos, algunas como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) o el Centro Paso del Norte consideran que la situación en México no mejorará mientras el país no desarrolle instituciones capaces de hacer cumplir la ley, reducir la violencia, atender a las víctimas y resolver el rezago forense.

“En una visión nacional, lo que es necesario poner en el centro de la discusión (…) es que hay muchas dudas alrededor de las instituciones”, dijo María Luisa Aguilar Rodríguez, directora del Centro Prodh.

Silvia Méndez, del Centro Paso del Norte, consideró que casos como el del crematorio de Ciudad Juárez necesitan “investigaciones serias” para que no haya impunidad y se construyan garantías de no repetición.

Desde las empresas del sector funerario, se reconoce la gravedad de lo sucedido en el crematorio de Ciudad Juárez y la necesidad de revisar la regulación en la materia para evitar que se replique, pero rechazan que lo ocurrido refleje irregularidades generalizadas entre los prestadores de servicios.

“No, definitivamente no, por eso es importante aclarar… Para nosotros, principalmente lo que falló aquí fue la ética, la falta de profesionalismo y el cumplimiento normativo que rige nuestra actividad”, dijo Francisco Alvarado, presidente de la Asociación Nacional de Directores de Funerarias (ANDF), a la que el crematorio Plenitud no está afiliado.

Mientras tanto, las investigaciones continúan y la Fiscalía de Chihuahua avanza en la identificación de los cuerpos. La Fiscalía dijo el 8 de agosto que hasta ese momento 33 cadáveres habían sido plenamente identificados y que, de ellos, 27 habían sido entregados a sus familias. Otros 39 estaban en procesos de identificación “bastante avanzados”, agregó la Fiscalía.

El fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, ha dicho que el proceso para identificar todos los cuerpos tomará tiempo debido a que muchos están en avanzado grado de descomposición. Esto hace necesario que se les apliquen procedimientos que permitan extraer muestras de ADN para ser cotejadas, según el funcionario.

Dora Elena Delgado Barraza, la viuda de José Luis González Quiñones, está entre quienes aún esperan respuestas. A principios de julio, cuando vio cuántas familias habían resultado afectadas, creó el colectivo Justicia para Nuestros Deudos, con el que organiza protestas para exigir acciones de las autoridades, como destinar recursos a peritajes que permitan identificar los cuerpos con mayor rapidez.

También abrió un grupo de WhatsApp en el que los afectados comparten información y —señaló— ayudan a quienes no tienen computadora o un teléfono inteligente a registrarse en el micrositio que la Fiscalía habilitó por este caso. Ella tiene el folio 141, un número que desea que pronto le dé claridad sobre si las cenizas que guarda en una urna son las de su esposo.

“Es indignante y es muy desgastante. Hace un mes y queremos ver luz, queremos verdad, porque la verdad lleva a la justicia y la justicia a la memoria”, dijo Delgado Barraza.

“¿Por qué debo vivir en la incertidumbre de si está mi esposo allá o me dejo conformar? No, nadie merece esto. Fueron actos que cambiaron nuestras vidas”, reclamó la mujer quien, al igual que cientos de familias de Ciudad Juárez —miles en todo México—, quiere saber dónde está su ser querido.

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