Noticias El Centro – Mexicali,B.C. – El Gobierno de Baja California anunció que revisará si algunas empresas señaladas recientemente por autoridades de Estados Unidos mantienen contratos con el estado.
¿Quién auditará a los negocios involucrados?
La Oficialía Mayor será la encargada de realizar esta revisión y, en caso de encontrar alguna relación contractual, los expedientes serán enviados a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para que determine las acciones correspondientes conforme a la ley.
¿A quién acusa el Departamento del Tesoro de Estados Unidos?
La medida se da después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señala al ex esposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, Carlos Torres Torres, por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Ante estos señalamientos, el Gobierno de Baja California emitió un comunicado en el que se deslinda de la investigación y establece que las personas mencionadas deberán responder directamente ante las autoridades competentes.
El gobierno estatal también precisó que el nombre de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda no aparece en los señalamientos emitidos por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, conocida como OFAC.
Además, el comunicado sostiene que la mandataria no cuenta con cuentas bancarias ni bienes patrimoniales en el extranjero.
La postura del gobierno de Baja California
El Gobierno de Baja California indicó que no hablará en representación de las personas señaladas y que cualquier investigación será atendida por las autoridades correspondientes.
También recordó que Marina del Pilar Ávila Olmeda y Carlos Torres Torres están legalmente divorciados. La separación fue confirmada públicamente por la gobernadora en enero de este año.
De acuerdo con el posicionamiento oficial, actualmente ambos mantienen como vínculo únicamente la responsabilidad relacionada con el hijo que tienen en común.
Conclusión
Mientras tanto, el gobierno estatal señaló que continuará con sus actividades enfocadas en temas de seguridad, desarrollo y bienestar en Baja California, mientras se determina si existe alguna relación contractual entre el estado y las empresas mencionadas por las autoridades estadounidenses.
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