Las afirmaciones del equipo de Trump sobre Ábrego García no dejan de empeorarEricks Webs DesignEricks Webs Design

La gran pregunta que se cierne sobre el nombramiento de Emil Bove, alto funcionario del Departamento de Justicia, a un prestigioso puesto de juez en un tribunal de apelaciones es si realmente sugirió que el Departamento de Justicia de Trump podría simplemente ignorar las órdenes judiciales.

Eso es lo que afirma un denunciante que trabajó con Bove, y ahora ese denunciante ha respaldado su versión con pruebas.

Si Bove realmente afirmó algo así —supuestamente dijo que la administración debía considerar decirle a los tribunales “váyanse a la mi**da” e ignorar las órdenes—, obviamente sería muy problemático. Después de todo, es un hombre que pronto podría estar encargado de defender el estado de derecho desde el otro lado.

Sin embargo, independientemente de lo que ocurrió exactamente en la reunión de marzo que cita el denunciante, no hay duda de que esto resalta el desprecio del Gobierno de Trump por los tribunales.

Y la situación no deja de empeorar, a medida que surgen nuevas revelaciones.

El caso se refiere a los esfuerzos del Gobierno de Trump por deportar rápidamente a inmigrantes a la megaprisión en El Salvador sin el debido proceso. Estas deportaciones involucraron la Ley de Enemigos Extranjeros e incluyeron a Kilmar Ábrego García. Los tribunales han reprendido repetidamente las acciones de la administración, y el caso de Ábrego García es una gran prueba de los intentos de Donald Trump de expandir su poder.

Por un lado, los mensajes, correos electrónicos y documentos del denunciante —obtenidos por el principal demócrata del Comité Judicial del Senado— refuerzan la idea de que la administración eligió proactivamente desobedecer la orden verbal inicial de un juez de no deportar a los inmigrantes bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.

Los correos muestran que el denunciante, entonces abogado del Departamento de Justicia, Erez Reuveni, dijo a varias personas que detuvieran las deportaciones.

“Nadie sujeto a la Ley de Enemigos Extranjeros bajo nuestra custodia puede ser removido”, dijo Reuveni, agregando que cualquiera “en el aire” que no tuviera una orden final de deportación “debería ser devuelto”.

Sin embargo, eso no fue lo que ocurrió. Los correos muestran que un alto funcionario del Departamento de Justicia dijo que Bove había determinado que, como los aviones habían salido del espacio aéreo estadounidense antes de que el juez emitiera finalmente una orden escrita, “era permisible según la ley y la orden judicial” continuar con las deportaciones.

La administración ha hecho comentarios similares en público para justificar la deportación de los inmigrantes. Pero los correos sugieren que, al menos para algunos, inicialmente estaba claro que debían detener esas deportaciones, hasta que Bove intervino.

Los nuevos documentos y otras presentaciones judiciales de esta semana también refuerzan la evidencia de que la administración ha engañado frecuentemente al público sobre el caso Ábrego García.

Repetidamente, la administración ha dicho cosas en público que luego han sido desmentidas o contradichas en los tribunales.

Una de ellas es la afirmación de que Ábrego García no fue deportado por error.

El asesor de la Casa Blanca, Stephen Miller, dijo en abril que Reuveni fue suspendido (y luego despedido) por decir que la deportación de Ábrego García fue el resultado de un “error administrativo”. (La administración tenía permitido deportarlo, pero no legalmente al país al que fue enviado: El Salvador).

“Nadie fue enviado por error a ningún lugar”, dijo Miller. “El único error fue que un abogado puso una línea incorrecta en un escrito legal y ya no trabaja aquí”.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, añadió en Fox News en ese momento: “No cometimos ningún error”.

No obstante, en una presentación esta semana, el Departamento de Justicia llama repetidamente a la deportación un “error”, junto con un “error administrativo” y un “error admitido”.

Otro tema clave es si la administración tenía la capacidad de lograr que Ábrego García regresara a EE.UU.

Después de que los tribunales ordenaron a la administración facilitar su regreso, la administración se resistió, en parte porque indicó que no tenía el poder.

“Eso depende de El Salvador, si quieren devolverlo”, dijo la secretaria de Justicia, Pam Bondi, en la Casa Blanca en abril. “Eso no depende de nosotros”.

“Estados Unidos no controla la nación soberana de El Salvador”, dijo el procurador general D. John Sauer a la Corte Suprema, “ni puede obligar a El Salvador a cumplir con lo que ordena un juez federal”.

No solo la administración logró finalmente que Ábrego García regresara —ahora lo está acusando de presuntos delitos—, sino que esta semana el Gobierno de El Salvador desmintió las afirmaciones anteriores del Gobierno. Dijo que los inmigrantes que aceptó y mantuvo en prisión seguían bajo control estadounidense.

“En este contexto, la jurisdicción y responsabilidad legal de estas personas recae exclusivamente en las autoridades extranjeras competentes”, dijeron funcionarios salvadoreños a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

Por último, está la retórica cambiante de la administración sobre posiblemente volver a deportar a Ábrego García antes de su juicio penal. Ahora ha dicho repetidamente una cosa en público y otra en los tribunales.

Cuando Ábrego García regresó el mes pasado, Bondi indicó que sería deportado solo después de que se hiciera justicia.

“Al completar su condena”, dijo Bondi, “anticipamos que será devuelto a su país de origen, El Salvador”.

Luego, después de que un abogado del Departamento de Justicia pareciera contradecir eso en una llamada a fines de junio, diciendo que Ábrego García podría ser enviado a un “tercer país”, la Casa Blanca calificó los reportes sobre el tema como “noticias falsas” y redobló su postura.

“Enfrentará todo el peso del sistema de justicia estadounidense, incluyendo cumplir condena en una prisión estadounidense por los delitos que ha cometido”, dijo una portavoz de la Casa Blanca.

No obstante, el lunes, un abogado del Departamento de Justicia volvió a contradecir las declaraciones públicas de la administración, diciendo que los procedimientos de deportación no esperarían a que se completara el caso penal si es liberado de la custodia criminal.

“Es como intentar clavar gelatina en una pared, intentando averiguar qué pasará la próxima semana”, dijo la jueza Paula Xinis el lunes.

No está claro exactamente por qué la administración no puede o no quiere aclarar su versión. Pero los abogados de Ábrego García parecen creer que la administración planeaba deportarlo desde el principio y fue deliberadamente engañosa al respecto, con la esperanza de que fuera liberado. (De hecho, sus abogados han argumentado en contra de su liberación por esa razón).

Y no es descabellado pensar que ese era el plan, dadas todas las contradicciones mencionadas.

Reuveni, en una entrevista con The New York Times publicada este jueves, dijo que la administración “se burla de los tribunales”.

Eso es totalmente cierto. O la administración está improvisando o está engañando deliberadamente sobre muchas cosas. Ninguna de las dos opciones demuestra mucho respeto por el estado de derecho.

Si Bove realmente dijo “váyanse a la mi**da” es casi irrelevante; ese ha sido el trasfondo de todo el enfoque de la administración.

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