Los pediatras preparan silenciosamente a las familias inmigrantes para lo impensable: separarse de sus hijosEricks Webs DesignEricks Webs Design

En un cálido día de junio en Nashville, Briana acunaba a su hijo de un año en la sala de espera del pediatra. Estaba allí para su chequeo de rutina, esperando hablar sobre vacunas y tablas de crecimiento.

Sin embargo, mientras Briana hacía rebotar a su bebé sobre su regazo en la sala de examen, la doctora Linda Powell se inclinó y le hizo una pregunta que la dejó helada: si te llevaran, ¿quién cuidaría de tu bebé?

Era una conversación que Briana nunca imaginó tener en el consultorio de un médico, aunque como inmigrante indocumentada, la preocupación era muy cercana. Apenas unas semanas antes, su esposo —el sostén de la familia— había ido a Walmart a comprar azúcar.

Nunca regresó a casa.

La próxima vez que escuchó su voz, él la estaba llamando desde un centro de detención de inmigración en Louisiana.

Briana, de 32 años, no tuvo ninguna advertencia. Más tarde supo que él había sido capturado en una redada de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Nashville, parte de una campaña más amplia de arrestos masivos en todo el país. En menos de un mes, estaba en un avión de regreso a Guatemala, relató Briana, quien pidió usar un seudónimo por temor a represalias.

La vida que habían construido juntos —modesta pero estable— se desmoronó de la noche a la mañana.

De repente sola, sin ingresos, sin transporte y sin familia cerca, Briana empezó a aceptar cualquier trabajo que encontraba: vendía helados en la calle, limpiaba casas. Su pequeño extrañaba tanto a su padre que se negó a comer, rechazando la comida durante días, contó a CNN.

Y Briana vivía con un miedo constante: que ella también pudiera ser detenida por ICE, dejando a su hijo, nacido en Estados Unidos, solo.

Por eso, cuando su pediatra —quien ha atendido al niño desde su nacimiento— le sugirió amablemente que creara un plan de tutela legal. Briana la escuchó.

La doctora le explicó que podía redactar un documento sencillo que permitiera, por ejemplo, que una amiga de confianza cuidara de su hijo si ella era detenida. La conectó con una organización local sin fines de lucro que ayuda a familias inmigrantes a preparar la documentación de tutela legal: un arreglo legal para asegurar que su hijo no termine en el sistema de acogida si también la detienen a ella.

Briana pidió una cita, decidida a dejar algo por escrito. Pero la única persona que se le ocurrió nombrar como tutora era una amiga indocumentada que había conocido apenas unos meses antes. Fue una decisión tomada por desesperación.

Contuvo las lágrimas mientras explicaba: “Estoy preocupada, tengo miedo porque ellos (ICE) siguen llevándose a la gente. Pero tengo mucha fe en Dios”.

La situación de Briana está lejos de ser única. Es la de millones de madres y padres que enfrentan la posibilidad de una separación repentina de sus hijos.

El hijo de Briana es uno de los aproximadamente 4,7 millones de niños ciudadanos de Estados Unidos que viven con al menos un padre indocumentado, según un informe de 2025 del Brookings Institution. Y alrededor del 4 % de todos los niños ciudadanos en Estados Unidos están en riesgo de perder a ambos padres por deportación, a veces sin siquiera poder despedirse.

Las deportaciones masivas bajo el segundo mandato del presidente Donald Trump han creado una nueva e inesperada responsabilidad para los pediatras: ser protectores del futuro de esos niños. Largamente considerados por los padres como guardianes de la seguridad de sus hijos y capacitados para abordar temas delicados, los pediatras están iniciando en silencio algunas de las conversaciones más difíciles de sus carreras: si te detienen, ¿quién cuidará a tu hijo?

Muchas de las personas que hablaron con CNN para esta historia pidieron usar seudónimos por temor por su seguridad y privacidad en medio de las redadas migratorias generalizadas.

En consultorios desde California hasta Tennessee y Nueva York, los pediatras compartieron con CNN cómo están ayudando en privado a los padres a pensar en opciones de tutela —a veces en voz baja, después de que los niños ya han salido del consultorio—. Conectan a las familias con organizaciones legales sin fines de lucro, explican opciones como declaraciones juradas de cuidado y poderes legales, y exhortan a los padres a hacer arreglos antes de una emergencia.

“Estas personas (inmigrantes) están siendo recogidas y llevadas sin ningún aviso previo”, dijo Powell, quien utiliza un seudónimo por temor a posibles represalias contra los pacientes de su consulta. “Esto representa un riesgo significativo para estos niños. Por un lado, el trauma psicológico de que tus padres sean llevados sin previo aviso y no saber cuándo los volverás a ver o hablar con ellos, pero también en términos de la seguridad y la salud de estos niños”.

Todos los días antes de ir a la escuela, un niño de 10 años en San Francisco le hace a su madre la misma pregunta: ¿Nos volveremos a ver?

La madre del niño, originaria de Guatemala y solicitante de asilo en Estados Unidos, dice que trata de tranquilizarlo, pero que ella también está ansiosa. Había recibido avisos de deportación en su buzón, algo que luego le reveló al pediatra de su hijo.

Durante un control rutinario de inseguridad alimentaria, el Dr. Raúl Gutiérrez, expresidente del Consejo sobre la Salud de Niños y Familias Inmigrantes de la Academia Estadounidense de Pediatría y pediatra en el Zuckerberg San Francisco General Hospital and Trauma Center, descubrió que la familia sobrevivía gracias a donaciones de bancos de alimentos en lugar de inscribirse en los beneficios estatales de CalFresh. La razón: la madre temía que solicitar ayuda pudiera atraer la atención no deseada de las autoridades migratorias.

Durante más de 20 años, Gutiérrez ha estado ayudando a familias como la de ella a crear “planes de preparación” en caso de separación. Los compara con simulacros de terremoto.

“Mientras más podamos dejar claro y apoyar a las familias en estas decisiones tan difíciles, mejor podremos tratar de mitigar algunos de estos miedos y ansiedades”, dijo Gutiérrez, quien utiliza su nombre real.

Para médicos como Gutiérrez, proteger a los niños del caos fuera de las paredes de la clínica es tan doloroso como necesario.

“Los trabajadores de la salud están en una posición muy única y oportuna… para apoyar a las familias con orientación, hacerlo con compasión y realmente abogar por la protección de los niños y ayudar a las familias a navegar esta incertidumbre”, dijo Gutiérrez.

A menudo, estas conversaciones comienzan cuando la ansiedad de un padre sale a la luz durante un control rutinario.

Como otros pediatras que ven a las familias con regularidad y conocen sus historias, Gutiérrez ha construido relaciones con padres que comparten detalles que nunca le contarían a un desconocido, como temores a solicitar asistencia alimentaria o la duda de salir a hacer mandados diarios durante semanas de redadas.

Su proceso es metódico: guía a los padres a través de un folleto paso a paso del Immigrant Legal Resource Center y hace preguntas directas pero sensibles:

• ¿Quiénes son las personas de confianza a tu alrededor?
• ¿Qué tipo de decisiones quieres tomar sobre tu hijo?
• ¿Se quedarán aquí en Estados Unidos, o se reunirán contigo si eres deportado?
• ¿Cómo podemos asegurarnos de que se reúnan de nuevo?

Incluso para familias con parientes cercanos, la incertidumbre puede ser abrumadora.

En California, uno de cada cinco niños forma parte de familias con estatus migratorio mixto, según un informe de 2024 del grupo de defensa de la equidad en salud infantil The Children’s Partnership. El estrés crónico por la amenaza de separación puede dañar la salud mental y física de esos niños, según Gutiérrez.

Para los niños con necesidades médicas complejas, los riesgos son aún mayores. Perder a un padre que administra citas, seguro y medicamentos puede interrumpir el tratamiento y causar daños duraderos. Puede significar terapias perdidas, interrupciones en la medicación y cicatrices emocionales a largo plazo.

“Hay planes establecidos para asegurarse de que ese niño esté apoyado por otro adulto: alguien que tenga la autoridad para tomar decisiones sobre la escuela y la atención médica”, dijo Gutiérrez. “Realmente queremos asegurarnos de que los niños no caigan en una situación de inestabilidad o pierdan acceso a su atención”.

Cuando el padre indocumentado de una niña de dos años con síndrome de Down fue consultado por su pediatra sobre quién podría cuidar de ella en su ausencia, respondió de manera tajante: “Todos los que nos rodean son iguales”. Ella lo entendió al instante: todos en quienes él confiaba también eran indocumentados. Elegir un tutor parecía imposible.

La doctora Nancy Fernández, quien ha atendido a familias inmigrantes en la ciudad de Nueva York durante cinco años, dice que las relaciones que construye con sus pacientes son clave para tener estas conversaciones.

“La gente sabe que te preocupas por ellos porque has estado presente en muchas otras situaciones a lo largo de los años”, dijo Fernández, quien usa un seudónimo para proteger a sus pacientes de posibles represalias.

En su consultorio, donde el 90 % de sus pacientes son inmigrantes, Fernández evita preguntar directamente si alguien es indocumentado; en cambio, pregunta si han sido afectados por redadas recientes de ICE. Les asegura que la conversación no se documentará en sus expedientes médicos ni afectará su atención.

Pero el miedo entre su población de pacientes sigue siendo palpable. Una adolescente en la clínica tuvo una sobredosis de Tylenol después de entrar en pánico por temor a que deportaran a su padre. Un niño de 10 años comenzó a preguntarle a su madre si su papá debería dejar de usar el metro para evitar ser detectado.

“¿Qué le digo a mi hijo?”, preguntó la madre a Fernández.

En esos momentos, Fernández dijo que se dio cuenta de la carga que los hijos de padres indocumentados llevan en silencio.

Médicos de la red de Fernández alguna vez esperaron que cartas que documentan los daños clínicos que podría causar la separación persuadieran a ICE para mostrar indulgencia. Pero después de escribir muchas de estas cartas, Fernández no ha visto evidencia de que funcionen ni ha recibido respuestas.

“Estamos tratando de hacer algo para ayudar a las familias, pero no estoy segura de que realmente sea tan útil en este momento”, dijo.

En el Bronx, las tasas de inscripción a los talleres de tutela en la organización sin fines de lucro Terra Firma National eran tan bajas que los impulsaron a incorporar el tema en sesiones más amplias sobre derechos de los inmigrantes.

“Con nuestras familias, ha habido mucha inquietud, mucha ansiedad incluso al pensar en este concepto de tener una separación debido a que ICE se lleva a un padre”, dijo el doctor Alan Shapiro, cofundador y director de estrategia de Terra Firma. Shapiro es identificado por su nombre real.

Daniel, un trabajador hotelero indocumentado de 58 años que ha vivido en Estados Unidos por casi 30 años, dejó de dormir por las noches cuando comenzaron las redadas de ICE en Nashville esta primavera. Dijo que daba vueltas en la cama, desvelado por el temor de ser separado de su familia y expulsado de su hogar con solo un golpe en la puerta.

Por primera vez en su vida, el padre de cuatro hijos, originario de Guatemala, dijo que comenzó a experimentar una ansiedad tan abrumadora que necesitó medicación.

“Siento algo así como un vacío dentro, como un vacío que te succiona hacia algún lugar”, dijo Daniel, quien pidió usar un seudónimo por temor a posibles represalias.

La vida de Daniel antes de las redadas había sido estable: limpiaba oficinas en la Universidad de Belmont y luego trabajó en un hotel los últimos 12 años. Él y su esposa criaron a sus hijos con paseos de fin de semana a parques, playas y acuarios.

Pero después de los primeros arrestos, incluso hacer las compras se convirtió en algo que solo harían sus hijos. Y Daniel rezaba todos los días para poder regresar a casa después del trabajo.

“Si fuera solo yo, sería una cosa, pero tengo una familia y niños y su bienestar está en peligro, y eso es aterrador”, dijo Daniel.

Con su esposa también indocumentada, la pregunta de quién cuidaría a su hijo menor, de 11 años, perseguía a Daniel. A principios de mayo, más de 100 personas fueron detenidas en una operación conjunta entre ICE y la Patrulla de Carreteras de Tennessee. El miedo que se propagó por los vecindarios de inmigrantes de la ciudad en las semanas siguientes tuvo impactos notorios: en Siloam Health de Nashville, donde Daniel es paciente, las cancelaciones aumentaron al 40 %, principalmente de pacientes que temían conducir hasta la clínica. Y en la clínica de Powell, que atiende principalmente a familias inmigrantes hispanas, la asistencia a las citas se redujo a la mitad durante el aumento de las redadas. Eso significa vacunas perdidas, revisiones de recién nacidos retrasadas y enfermedades sin tratar.

“Siempre ha habido barreras para esas familias a la hora de navegar un sistema de salud en un país que les es desconocido y en un idioma que están tratando de aprender”, dijo Powell. “Lo que está pasando con ICE solo ha añadido otra capa de dificultad, porque ahora tenemos familias que están realmente asustadas”.

La represión en Tennessee es parte de las redadas de ICE que se han intensificado en todo el país desde enero: los padres están siendo detenidos en casa, en el trabajo e incluso durante paradas de tráfico rutinarias. A menudo, no tienen oportunidad de despedirse de sus hijos ni de organizar el cuidado infantil, dijeron pediatras a CNN. Sin un plan, los niños pueden ser colocados en hogares de acogida o con tutores desconocidos elegidos por el estado. CNN ha contactado a ICE para obtener comentarios.

“Por cada 10 personas que son deportadas, puede haber 20 niños estadounidenses que dependen de esos adultos”, dijo Powell que ha observado en su consultorio y en toda el área de Nashville.

Cuando Daniel confió a su médico en Siloam Health sus temores, le entregaron una tarjeta de “conozca sus derechos” y le aconsejaron completar la documentación de custodia. Él y su esposa firmaron un poder notarial nombrando a su hija de 28 años como tutora de su hijo menor.

Pero para muchos otros, solo imaginar la separación es abrumador.

La doctora Jule West, directora médica de Siloam Health, dice que a menudo puede ver cómo el miedo de sus pacientes se manifiesta físicamente en tiempo real en el momento en que surge el tema: “Se puede ver cómo sus cuerpos se tensan. Se puede ver cómo aumenta un poco su ritmo respiratorio. Se vuelve más agitado”, dijo West, quien está usando su nombre real. “Veo en los ojos de las personas que es muy abrumador, y que ya están preocupados por su seguridad, la seguridad de su familia y la seguridad de sus hijos”.

Ese miedo visible suele ser suficiente para detener la conversación antes de que comience.

West dice que para muchos de sus pacientes, incluso hablar de planes de tutela resulta insoportable porque les obliga a imaginar una separación repentina y traumática de sus hijos.

Algunos padres dicen que no tienen a nadie con estatus legal a quien nombrar como tutor. Otros tienen opciones pero se sienten paralizados ante la idea de confiar su hijo a otra persona.

A pesar de la urgencia, muchos padres no formalizan los arreglos de custodia. La idea de prepararse para la separación se siente como invitarla. Para otros, las barreras logísticas —como los largos tiempos de espera en organizaciones sin fines de lucro sobrecargadas— se interponen en el camino.

Y los intentos de los médicos por abogar de manera más ampliaa la planificación —como distribuir tarjetas de “conozca sus derechos”, enviar cartas de apoyo a las familias o realizar sesiones informativas— a veces son bloqueados por la dirección del hospital, que teme represalias políticas, dijeron algunos pediatras a CNN.

Aun así, los pediatras insisten, algunos después de presenciar de primera mano las consecuencias de la separación familiar.

Shapiro compartió un caso que involucró a uno de sus pacientes durante el primer mandato de Trump. Dijo que un niño de 8 años con una discapacidad de aprendizaje severa fue colocado en hogares de acogida después de que su madre fuera deportada a Guatemala. Cuando la llamó para obtener el historial médico de su hijo, ella se quebró, sin saber si alguna vez volvería a ver a su hijo.

“Probablemente fue uno de los momentos más desgarradores en mis 35 años de carrera como pediatra”, dijo.

El niño finalmente se reunió con familiares en el Medio Oeste, dijo Shapiro, pero le preocupa el impacto a largo plazo tanto en la madre como en el niño. Ahora, habla sobre la planificación de la tutela en el mismo contexto que la orientación sobre dieta y ejercicio, lo que marca un cambio profundo en lo que significa la orientación preventiva. A menudo, hace que el niño espere fuera del consultorio con un libro mientras pregunta en privado a los padres algo que ahora es tan rutinario como preguntar sobre asientos para el auto, detectores de humo o sueño seguro.

Shapiro reflexiona sobre este cambio: “Nunca pensé que la orientación preventiva incluiría algo así… donde tenemos que preparar a los padres para su deportación y para que sus hijos sean colocados con otros miembros de la familia”.

Para familias como la de Briana y Daniel, esas conversaciones podrían significar la diferencia entre que un niño encuentre seguridad en brazos conocidos o enfrente el caos del sistema de acogida.

Daniel encuentra algo de consuelo al saber que su hija cuidará de la más pequeña.

“Gracias a Dios, es un alivio saber del bienestar de mi hija menor”, dijo Daniel.

Pero el futuro sigue siendo incierto para Briana, quien aún no ha completado el papeleo de tutela de su hijo. Tras horas de espera, salió de la oficina de asistencia legal para poder llegar a su trabajo.

Si la deportan, planea llevarse a su bebé con ella a Guatemala. Pero todavía está trabajando para conseguirle un pasaporte a su hijo.

Por ahora, sigue adelante, con la fe en una mano y su bebé en la otra.

“Cada día salgo con fe en Dios”, dijo en español. “Y solo salgo a trabajar para ganar dinero para mi hijo”.

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