La EPA cambia su enfoque y prioriza costos sobre la salud pública en nuevas regulaciones

 La Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), bajo la administración del presidente Donald Trump, ha dado un paso polémico al decidir omitir consideraciones sobre los impactos en la salud humana al establecer límites de contaminación del aire. Esta nueva estrategia se centra exclusivamente en los costos para las empresas, según informaciones publicadas por The New York Times.

Desde los años 80, la EPA había utilizado un indicador llamado “Valor de una Vida Estadística” para evaluar los beneficios asociados a la reducción de la contaminación. Este valor económico permitía estimar cuántas vidas podrían salvarse al reducir los niveles de contaminantes, facilitando así la justificación de regulaciones más estrictas cuando los beneficios superaban los costos para la industria.

No obstante, la agencia ha decidido eliminar este criterio en el análisis de regulaciones que afectan las partículas finas y el ozono, dos de los contaminantes del aire más prevalentes en Estados Unidos. Investigaciones científicas han señalado que la exposición prolongada a estos contaminantes puede causar asma, enfermedades cardíacas y pulmonares, así como contribuir a muertes prematuras.

De acuerdo con documentos revisados por The New York Times, este cambio podría facilitar la eliminación o el debilitamiento de límites establecidos para plantas eléctricas de carbón, refinerías de petróleo, acereras y otras instalaciones industriales. Aunque esto podría resultar en una reducción de costos para las empresas, también se contempla un deterioro en la calidad del aire en diversas comunidades del país.

Expertos en salud pública y medio ambiente han emitido alertas sobre este importante giro en la política ambiental federal, destacando que podría tener efectos directos en la salud de millones de personas, especialmente en las comunidades situadas cerca de focos de contaminación industrial.

La EPA no ha emitido respuestas públicas a las críticas formuladas en su contra, aunque los defensores de la industria sostienen que las normativas vigentes están impidiendo el crecimiento empresarial al imponer cargas económicas excesivas.