Un juez anula norma de Biden que buscaba ocultar la deuda médica de los reportes crediticiosEricks Webs DesignEricks Webs Design

Las facturas médicas impagas de los estadounidenses permanecerán visibles en sus informes crediticios después de que un juez federal anulara la semana pasada una norma de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB, por sus siglas en inglés) de la era Biden que buscaba eliminar dicha deuda.

El juez Sean Jordan del Tribunal de Distrito de Estados Unidos del Distrito Este de Texas determinó que la norma excedía la autoridad de la agencia bajo la Ley de Informes Justos de Crédito, y coincidió con los argumentos de dos asociaciones de la industria, que habían presentado una demanda contra la norma a la que luego se unió el Gobierno de Trump.

El tribunal determinó que “todas las disposiciones sustantivas principales de la Norma de Deuda Médica” excedían la autoridad de la CFPB, escribió Jordan, designado por el presidente Donald Trump.

La norma, que la oficina finalizó poco antes de que el Gobierno de Biden dejara el cargo en enero, habría eliminado aproximadamente US$ 49.000 millones en facturas médicas de los informes crediticios de unas 15 millones de personas. También habría prohibido a los prestamistas utilizar cierta información médica en las decisiones sobre préstamos.

La norma también habría prohibido a los prestamistas utilizar dispositivos médicos, como sillas de ruedas o prótesis, como garantía para préstamos, y les habría prohibido embargarlos si los pacientes no podían pagarlos. Sin embargo, los prestamistas habrían podido seguir considerando la información médica en ciertas situaciones, como cuando un consumidor solicita un préstamo para cubrir gastos médicos o solicita un aplazo temporal de los pagos del préstamo por razones médicas.

Quienes tenían deudas médicas en sus informes crediticios podrían haber recibido un aumento promedio de 20 puntos en su puntaje crediticio, según informó la agencia al emitir la norma en enero. Además, se esperaba que la norma resultara en la aprobación de unas 22.000 hipotecas adicionales cada año.

La investigación de la oficina ha descubierto que la deuda médica en los informes crediticios no es un buen indicador de la capacidad de una persona para pagar otros préstamos. Además, las facturas de atención médica suelen contener errores, lo que puede generar largas disputas entre pacientes, aseguradoras y proveedores médicos.

Los legisladores republicanos expresaron su oposición a la norma poco después de su propuesta en agosto pasado. Varios republicanos de la Cámara de Representantes escribieron a Rohit Chopra, entonces director de la oficina, para expresar su “seria preocupación” por la posibilidad de que la norma propuesta “debilitara la precisión e integridad de los informes crediticios de los consumidores”. Argumentaron que socavaría los procesos de suscripción, aumentaría el riesgo en el sistema financiero y perjudicaría el acceso y la asequibilidad del crédito para los consumidores, en particular para los estadounidenses de bajos ingresos.

La Asociación de la Industria de Datos del Consumidor, uno de los demandantes en el caso, aplaudió la decisión de Jordan y dijo que la norma habría significado que “los prestamistas potencialmente habrían tenido una imagen inexacta e incompleta al tomar decisiones crediticias”.

“El sistema financiero estadounidense es el mejor del mundo porque se basa en un sistema de informes crediticios completo, justo y preciso”, declaró Dan Smith, director ejecutivo de la asociación, en un comunicado. “La información sobre las deudas médicas impagas es un elemento importante para evaluar la capacidad de pago de un consumidor. Este es el resultado correcto para proteger la integridad del sistema”.

El juez afirmó que la CFPB no tiene la capacidad de redactar leyes; ese es el trabajo del Congreso, dijo ACA International, que representa a los profesionales del crédito y el cobro, en un comunicado.

La asociación, que también había presentado una demanda contra la norma de la oficina, dijo que la norma habría obligado a los prestamistas a reducir el acceso al crédito y habría impulsado a los proveedores de atención médica a exigir pagos por adelantado.

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